Datos

Los dirigentes deben comprometerse a apoyar la justicia internacional…

países no han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI 
países del G-20 no han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI
…o continuarán cometiéndose abusos contra los derechos humanos

En 2009, Amnistía Internacional registró: Los responsables de actos de tortura gozaron de impunidad en al menos 61 países
Personas torturadas o sometidas a otros malos tratos durante el interrogatorio en al menos111 países	Juicios injustos en al menos 55 países
Libertad de expresión restringida en al menos 96países	Presos y presas de conciencia recluidos en al menos 48 países

Los líderes mundiales no protegen los derechos de las personas

Los Estados que reclaman el liderazgo mundial son especialmente responsables de dar ejemplo. Sin embargo, muchos miembros del G-20 y numerosas organizaciones regionales incumplen las promesas que han hecho. “Los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional. En 2009, Amnistía Internacional recibió información sobre lo siguiente:

Presos y presas de conciencia recluidos en:

30% de todos los países¹

42% de los países del G-20²

Libertad de expresión restringida en:

60% de todos los países¹

53% de los países del G-20²

Juicios injustos en:

35% de todos los países¹

47% de los países del G-20²

Clave 1. Países que han llevado a cabo las violaciones de derechos humanos mencionadas, según Amnistía Internacional. 2. Países del G-20 que han llevado a cabo las violaciones de derechos humanos mencionadas, según Amnistía Internacional. “Todos los países”se refiere a los 159 países que aparecen en el Informe 2010 de Amnistía Internacional, que documenta la situación de los derechos humanos en esos países en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2009. Por “G-20” se entienden los 19 países miembros, excluyendo a la Unión Europea.

Pasos históricos para garantizar justicia

		Derechos civiles y políticos		Derechos económicos, sociales y culturales
1990		En 1990 no había tribunales penales internacionales ni casos de jurisdicción universal pendientes. En las dos décadas siguientes se produjo un cambio radical en el derecho penal internacional, cuando tribunales nacionales e internacionales adoptaron numerosas medidas para procesar a los responsables de los peores crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo.		En 1990, muchos Estados rechazaban la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales eran justiciables y que podía exigirse su cumplimiento ante los tribunales. Dos décadas después, cada vez son más los tribunales nacionales y los organismos regionales de derechos humanos que respaldan los derechos económicos, sociales y culturales.
1993		Se crea el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en respuesta al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en la región de los Balcanes.		La ONU adopta la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que establecen compromisos para reforzar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
1994		Se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda para procesar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Ruanda en 1994.
1995				Se adopta el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, que permite la presentación de reclamaciones colectivas por violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
1996				Sudáfrica aprueba una nueva Constitución que garantiza tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los civiles y políticos para toda la ciudadanía.
1998		Adopción del Estatuto de Roma, que crea la primera Corte Penal Internacional (CPI) permanente del mundo. El Reino Unido detiene al ex presidente chileno Augusto Pinochet, dando un nuevo impulso a los Estados que aplican la jurisdicción universal.		La Comisión de Derechos Humanos de la ONU crea la figura del relator especial sobre el derecho a la educación.
2000				La Comisión de Derechos Humanos de la ONU crea las figuras de relator especial sobre la vivienda adecuada y relator especial sobre el derecho a la alimentación.
2001				El Tribunal Supremo de India reconoce el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental.
2002		Se crea el Tribunal Especial para Sierra Leona		La Comisión de Derechos Humanos de la ONU crea la figura del relator especial sobre el derecho a la salud
2003		La CPI comienza a funcionar en La Haya. Se crean las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. En 2007 se inician las investigaciones, y en 2009 comienza el juicio de Kaing Guek Eav, conocido como Duch.
2005				La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia sobre un caso histórico relativo a las obligaciones de Paraguay de hacer efectivo el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y otros derechos.
2006		Se adopta la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El ex presidente de Liberia Charles Taylor es detenido y posteriormente transferido al Tribunal Especial para Sierra Leona en La Haya.
2008				En una innovadora iniciativa, la ONU adopta el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. A partir de ahora, las personas pueden exigir que los Estados rindan cuentas cuando se violen sus derechos económicos, sociales y culturales. A comienzos de mayo de 2010, 32 Estados habían firmado el Protocolo Facultativo.
2009		La CPI dicta su primera orden de detención contra un jefe de Estado en activo, el presidente de Sudán Al Bashir. El Tribunal Especial para el Líbano inicia formalmente sus sesiones cuatro años después del asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq al Hariri.
2010		A comienzos de mayo, 111 Estados habían ratificado el Estatuto de Roma de la CPI. La campaña para garantizar la jurisdicción universal ha avanzado. Se han creado una serie de tribunales internacionales e internacionalizados, y muchos Estados han garantizado que sus tribunales pueden procesar –y cada vez lo hacen en mayor medida– violaciones graves de derechos humanos cometidas en cualquier lugar del mundo. Pero, para poner fin a la impunidad, aún queda un largo camino por delante.		La aprobación del Protocolo Facultativo ha reforzado enormemente la campaña para exigir que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan efectivos ante la ley. Un número cada vez mayor de tribunales nacionales y de mecanismos regionales de derechos humanos también ofrecen ahora la posibilidad de presentar un recurso por violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que la ley respalda estos derechos en todos los países y que todas las personas disponen de un recurso efectivo. Para cerrar esta brecha, en los próximos cinco años, las iniciativas encaminadas a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben incidir enérgicamente en el reforzamiento de los mecanismos de rendición de cuentas